El descaro de la desmemoria
El intento del PRI por criticar el plan nacional antisargazo de dos mil 635 millones de pesos anunciado por la Federación roza en el descaro y la amnesia selectiva. Tildar de improvisación un esfuerzo presupuestal histórico respaldado por el sector empresarial resulta un mal chiste al venir del partido que, durante sus décadas de gobierno, sólo heredó abandono, simulación y saqueo ambiental en Quintana Roo.
La dirigencia priista exige hoy soluciones de fondo cuando en su momento fue incapaz de articular una sola política seria de medio ambiente. Pretender dar cátedra de gestión ambiental es un acto de oportunismo puro para ganar el reflector mediático que nadie les cree.
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Si el PRI insiste en descalificar los avances reales e ignorar su propio historial de ineficacia, terminará sepultado en el olvido total. ¿Será?
Un año de impunidad y vacío de poder
A un año del asesinato de Mario Machuca en Cancún, la CROC conmemora su legado con discursos vacíos mientras el crimen evidencia la profunda descomposición en sus filas. Que la propia Fiscalía señale como autor intelectual al chofer del líder sindical, motivado por disputas internas y la codicia por terrenos en Costa Mujeres, expone las mafias y la corrupción que operan en las entrañas del poder gremial.
Resulta vergonzoso que, tras 12 meses de supuesta justicia, la organización mantenga un vacío de liderazgo centralizado desde el ámbito nacional. Rendir homenajes opacos sin depurar las estructuras sindicales perpetúa la opacidad que provocó esta tragedia.
Si la CROC insiste en ignorar sus disputas internas, la violencia y la traición continuarán devorando al sindicato desde adentro. ¿Será?
Cobros ilegales que condicionan la educación
Las cuotas voluntarias en escuelas públicas de Cancún representan un abuso recurrente contra la economía familiar. Que la Dirección de Derechos Humanos de Benito Juárez registre denuncias en secundarias y preparatorias confirma que el acceso a las aulas se sigue condicionando ilegalmente de cara al ciclo 2026-2027, lo que viola el mandato constitucional de gratuidad.
Pero advertir un aumento de quejas sin aplicar sanciones contundentes deja indefensos a los padres frente a los planteles. Exhortar a la denuncia resulta insuficiente cuando las autoridades educativas permiten que estas prácticas operen con total impunidad.
Si el municipio y la SEQ se limitan a emitir recomendaciones, las cuotas indebidas continuarán privatizando la educación pública. ¿Será?