Obstáculos para la inversión inmobiliaria en Quintana Roo
La regulación para la inversión inmobiliaria en México enfrenta problemas de coordinación entre autoridades y empresarios, situación que está frenando proyectos generadores de empleo, inversión y desarrollo, particularmente en Quintana Roo, afirmó Enrique Benet Gregg, CEO del despacho IBG Legal.
Durante la ponencia “Controversias ambientales del desarrollo inmobiliario en el Caribe mexicano”, el abogado litigante sostuvo que, en lugar de recurrir a clausuras inmediatas, las autoridades deberían establecer canales de diálogo con los desarrolladores para facilitar el cumplimiento normativo.
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Más de 100 trámites para un desarrollo de vivienda
Benet Gregg explicó que actualmente un proyecto habitacional puede requerir más de 100 trámites ante distintas instancias, lo que puede representar hasta el 20% del monto total de inversión debido a los tiempos de gestión y autorización.
Esta carga regulatoria —señaló— encarece los desarrollos, retrasa entregas y complica los procesos de preventa, especialmente para empresarios medianos y pequeños que no cuentan con la infraestructura administrativa de las grandes corporaciones.
“Lo que hay que hacer es apoyar y no estar clausurando por clausurar; acercarse con el empresario y preguntarle qué necesita para que su negocio salga adelante antes de llegar con todo el poder del Estado y empezar a sancionar”, expresó.
Impacto en empleo y recaudación
El CEO de IBG Legal subrayó que detrás de cada desarrollo inmobiliario existe una cadena productiva que involucra empleos directos e indirectos, profesionistas y proveedores, además de aportaciones al erario mediante el pago de derechos e impuestos.
Advirtió que más de 40 proyectos en Cancún se encuentran detenidos por obstáculos regulatorios y nuevas disposiciones en materia ambiental y fiscal. A ello se suma la modificación en la legislación de amparo, que ahora obliga a demostrar con mayor precisión la afectación directa por parte de la autoridad.
Asimismo, indicó que los desarrolladores deben mantenerse al día ante la supervisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que incrementa la presión operativa y administrativa sobre el sector.
“El juego está cambiando y le está siendo más difícil al desarrollador poder cumplir con todo”, afirmó.
Proponen simplificar trámites y fortalecer coordinación
Benet Gregg planteó la necesidad de fortalecer la capacitación gubernamental en temas regulatorios y financieros, simplificar trámites y fomentar la colaboración entre autoridades e iniciativa privada.
Destacó que Cancún es un referente turístico internacional, por lo que el entorno regulatorio debería funcionar como facilitador de inversión para mantener la competitividad y atraer nuevos capitales al estado.
“Hay que optimizar”, concluyó.