Un total de 1,031 servidores públicos podrían enfrentar severas sanciones tras incumplir con la presentación de su declaración patrimonial Quintana Roo y de intereses correspondiente al ejercicio fiscal 2025. El plazo legal definitivo concluyó durante el mes de mayo, según el reporte oficial emitido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Sabgobqroo) del estado.
La titular de la dependencia, Reyna Arceo Rosado, detalló que el universo total de obligados asciende a cerca de 43 mil funcionarios estatales y municipales. De esta cifra, el 97% cumplió con su responsabilidad en tiempo y forma, dejando un 3% en estatus de omisión que detonará procedimientos administrativos inmediatos.
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¿Cuáles son las multas por omitir la declaración patrimonial Quintana Roo?
El marco normativo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación local establecen penalizaciones económicas y administrativas proporcionales a la gravedad de la omisión.
Las consecuencias y multas a servidores públicos que no cumplieron incluyen:
- Sanciones económicas: Multas directas que oscilan entre los 2 mil 50 y los 50 mil 710 pesos.
- Medidas administrativas: Desde amonestaciones privadas y suspensiones temporales del cargo, hasta la destitución fulminante.
- Inhabilitación temporal: Restricción para ejercer cualquier puesto en el servicio público que va desde tres meses hasta varios años.
- Cancelación de contratos: En el caso específico de omisiones en la declaración inicial, se procederá directamente a la revocación de nombramientos.
Transparencia y fiscalización en la administración pública
Reyna Arceo destacó que el alto porcentaje de cumplimiento (97%) refleja una consolidación progresiva de la cultura de rendición de cuentas en la entidad. Para mitigar el rezago, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desplegó durante todo mayo jornadas intensivas de asesoría técnica y capacitación digital para agilizar el llenado de los formatos obligatorios.
“El propósito fundamental no es punitivo, sino garantizar mecanismos sólidos de control interno”, puntualizó la secretaria. El cotejo individual de los 1,031 expedientes omisos iniciará de inmediato para verificar si existen reincidencias sistémicas o agravantes administrativas específicas en este ejercicio fiscal.
