En trabajo de los tres organismo encargados de la lucha contra la corrupción en Quintana Roo, el Comité de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior del Estado y la el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaipqroo), fueron sometidos a revisión por sus pares de otros estados y por organismos internacionales, en lo que es un ejercicio inédito en todo América Latina.
Lo anterior fue dado a conocer por Raúl Cázares, quien acaba de asumir la presidencia del CPC.
La iniciativa, cuenta Casares, se originó desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y es impulsada por el financiamiento de USAID.
Al CPC fue sometido a revisión por sus pares de Nuevo León y Chihuahua; a la Auditoría y al Instituto, sus homólogos en esos mismos estados.
“El elemento principal es ver cómo va el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que se firmó hace más de 20 años; cómo va México en el cumplimiento de esa convención que es vinculatoria”, dijo Cazares.
Se evaluó, entre otras cosas, lo referente a la contratación pública realizada en la entidad y las acciones, andamiaje legal y sistema de protección a denunciantes de delitos de corrupción.
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Supervisan trabajo anticorrupción
En el primer punto, asegura Cazares, se ha avanzado en la entidad, con la creación de sitio de contrataciones abiertas, impulsado por el CPC y donde se puede tener acceso al proceso de licitaciones públicas de la entidad.
En contraste, en la protección a denunciantes el estado ÔÇôy todo el paísÔÇô se encuentra en un rezago, pues no hay legislación en la materia.
Es uno de los grandes pendientes y fue una de las observaciones más importantes derivadas del ejercicio de revisión.
“En el tema de protección a denunciantes sí estamos ÔÇÿfríosÔÇÖ; no hay, pero queremos primero generar canales de denuncia, porque no podemos dar protección a denunciantes si no hay mecanismos para hacerla”, dijo.
Luego de esta revisión, comentó, el CPC buscará realizar mesas de trabajo con los organismos evaluados para implementar las recomendaciones realizadas.
“No queremos darle seguimiento individualizado, sino más sistémico”, dijo.
Ricardo Hernández
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