En septiembre próximo será la toma de posesión del o la nueva gobernadora y con ello acabará el sexenio de Carlos Joaquín González ÔÇôquien llegó al puesto impulsado por la alianza entre el PAN y el PRDÔÇô.
Uno de los aciertos de Carlos Joaquín ha sido el de recomponer la institucionalidad, derruida durante décadas por gobernadores priistas, dos actualmente en prisión, reconoció Raúl Cazares, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema
Anticorrupción del Estado. Se creó, puso por ejemplo, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Se avanzó, consideró, en la apertura para la participación ciudadana.
“Lo que se ganó con esta transición de cambio de gobierno, con tanto tiempo de gobierno priista, es muy valiosa la apertura que ha tenido el gobierno con el tema de la participación ciudadana; se dieron los primeros pasos en temas de transparencia, No con esto quiero decir que es el mejor gobierno, el más transparente, el más honesto, pero creo que tenemos lo que hace seis años no teníamos. Eso nos ha permitido avanzar”, dijo.
Cazares espera que la próxima administración estatal adopte los recientes aprobados y publicados Plan Estatal Anticorrupción y su Programa de Implementación, con el fin de continuar los trabajos en la materia.
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Recompuso Joaquín institucionalidad
“Lo que esperamos es que el nuevo gobernador o gobernadora es que asuma el compromiso de adoptar e impulsar de manera fuerte la Política Anticorrupción, que ya está aprobada, y el Programa de Implementación”, dijo en entrevista Cazares.
Y eso, en dos sentidos, aclara, uno que haya voluntad política y, por otro lado, que aseguren recursos para ejecutar la política y el plan.
“Una cosa es que adopten la política, tanto en el Poder Ejecutivo y los entes, pero también que la Sefiplan sea mucho más empática con la política y las necesidades presupuestales que se tienen para implementarse y pueda en algún momento tener resultados”, añadió.
Por otro lado, Quintana Roo enfrenta, como en el resto del país y a causa de la irrupción de la pandemia de COVID, un aumento de pobreza y pobreza extrema.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos pasó de 36.1 por ciento en 2018 a 57 por ciento en 2020.
Y la población con ingreso por debajo de la línea de pobreza extrema pasó de 7.1 a 23.1 por ciento en el mismo periodo: ahora son más de 892 mil 900 personas en esta condición.
Ricardo Hernández
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