Fue la propia FGR la que el 31 de octubre de 2020 pidió a un juez federal de Almoloya, Estado de México, que le concediera la orden en contra de la exfuncionaria, tras señalarla como líder de una supuesta organización delictiva compuesta por exfuncionarios bajo su mando, una universidad y varias empresas fantasma, a través de las cuales se desviaron cientos de millones de pesos, una acción concertada para saquear las arcas del Estado.
El juez Iván Zeferín Hernández concedió la orden y dio luz verde a la fiscalía para cumplimentarla y, con ello, detonar el proceso. Pero la FGR no lo hizo. Ello, pese a que la exfuncionaria estuvo todo el tiempo ubicada, pues para ese momento ya estaba encarcelada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, cumpliendo una prisión preventiva por otra acusación por omisiones relacionada con los mismos hechos.
Animal Político solicitó a la fiscalía un posicionamiento respecto de por qué sus agentes nunca se presentaron al penal para cumplir la orden por este caso, pero hasta el cierre de edición no se recibió respuesta.
Ejecutar dicha orden no es un mero formalismo, aunque la exfuncionaria físicamente ya estaba detenida. Expertos explican que el hecho de que la orden no fuera notificada oficialmente a la extitular de Sedesol y Sedatu impidió que se programara la audiencia inicial, que se analizaran las pruebas y que el proceso penal avanzara. En síntesis: que hubiera un juicio por este caso.
“No existe una justificación para no haber ejecutado dicha orden, tuvieron meses para hacerlo. Lo que puede advertirse aquí es que hubo una negligencia o en su caso arreglo irregular (…) Estimamos que el caso debería ser investigado y determinarse si esto forma parte de algún acuerdo que pueda dar lugar a la comisión del delito”, dice la abogada Estefanía Medina, cofundadora de la organización Tojil, la cual presentó la denuncia penal original que dio pie a la apertura de las investigaciones.
Anuncia juez modificación a suspensión del Tren Maya
La defensa de Robles, por su parte, sostiene que la FGR ha actuado desde el inicio de forma ilegal en este caso y “violando los derechos humanos” de su representada, pues intentó promover un proceso separado por delitos graves, que tiene que ver con los mismos hechos por los cuales está siendo procesada desde antes.
“Llevaron este proceso para obtener esta orden de aprehensión que desde el principio no tenía razón de ser porque ella nunca estuvo sustraída de la acción de la justicia. Ella ya estaba detenida, era un hecho notorio. Pero querían esa orden para mantenerla como espada de Damocles por si ella obtenía su libertad. Desde nuestro punto de vista, fue una medida de presión que tuvieron por meses, pero que ya ha quedado desvirtuada”, dijo en entrevista el abogado José Garrigós, defensor de la exfuncionaria.
Robles cumple esta semana tres años en prisión preventiva, medida cautelar que se le impuso tras presentarse voluntariamente a las audiencias iniciales por los cargos de omisiones que originalmente se le imputaron. Se trata de un proceso penal que ya se ha alargado más de lo que la ley establece (dos años máximo de prisión preventiva), y que se ha entrampado entre los amparos que la exfuncionaria ha ganado en contra de esa medida cautelar y la insistencia de la fiscalía y los jueces de que siga en prisión. Estos debates han ocasionado que este caso tampoco pueda avanzar a la fase de juicio.