ADRIAN TREJO

Muchos se preguntan qué hacen los consejeros jurídicos de la Presidencia, que no pueden evitar que las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador terminen siempre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No se trata de exhibir con ello “el respeto a la división de Poderes’’, cuya frágil línea se traspasa con frecuencia, sino de la incapacidad de detener los ímpetus presidenciales que lo muestran como un ignorante de las leyes o, peor aún, como el encargado de su destrucción.

Así ha pasado con las reformas al sector eléctrico, la reforma energética (que fue rechazada por la oposición en la Cámara de Diputados) y el padrón de datos biométricos de usuarios de telefonía móvil, entre otras.

¿Y los consejeros jurídicos?

¿Qué pasó con Julio Scherer en su papel de consejero jurídico y las reformas fallidas?

¿Qué sucede ahora con la actual consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González, responsable del decretazo por el cual se obliga a las dependencias federales a autorizar licencias “temporales’’ de un año para las construcciones consideradas de “seguridad nacional’’ por el Ejecutivo?

Durante su presentación como relevo de Scherer, el 2 de septiembre de 2021, el presidente López Obrador aseguró que la funcionaria, aunque dependía del Ejecutivo, trabajaría “muy cerca’’ del secretario de Gobernación Adán Augusto López.

Lo del decreto para sumar a la Guardia Nacional como un apéndice del Ejército pareciera un ejercicio para los estudiantes de derecho de segundo semestre.

Si bien es conocido la manera que tiene López Obrador para brincarse la ley, sus consejeros jurídicos tendrían la obligación de anticiparle no solo la reacción de la opinión pública, sino de los especialistas en derecho que ayer no se cansaron de exhibir, fundamentados en la ley, la inconstitucionalidad del decreto anunciado.

Todo parece indicar que, si el asunto llega a la Corte, López Obrador volverá a perder.

Ejército es pueblo y cuando se defiende a la patria participa todo el pueblo: AMLO

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Uff.

Antier muchos “enterados’’ daban por hecho que la nueva secretaria de Educación sería María Elena Álvarez-Buylla, actual directora de las ruinas del Conacyt, pero no fue cierto.

La muy consentida doctora, quien reconoció sin remordimientos que 22,000 millones de los fideicomisos que el Conacyt tenía para financiar proyectos y becas, fueron entregados a la Tesorería de la Federación, no será la sucesora de Delfina Gómez.

La directora de lo que queda del Conacyt presentó ayer un informe del estado que guarda el Consejo y de las “acciones’’ que, según el Presidente, acabaron con la corrupción, dónde insistió en hablar de la vacuna “Patria’’ contra el Covid-19, como un logró de su administración.

Lo malo es que ningún mexicano ha sido vacunado con la patriotera sustancia ni tampoco algún enfermo fue intubado en algunos de los miles de ventiladores que la funcionaria prometió en la primera ola de la pandemia.

La buena es que no se irá a la SEP; la mala es que seguirá en el Conacyt.

AMLO prevé que mañana entren rescatistas y buzos por mineros atrapados en Sabinas

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¿Cómo es qué Morena, que perdería las elecciones para gobernador de Coahuila si fueran hoy, podría politizar a su favor la desgracia del derrumbe de la mina de Agujita, en Sabinas?

La pregunta no es ociosa pues desde ya se nota la intención de cargarle toda la responsabilidad al Gobierno estatal aunque haya también participación en el desastre del Gobierno federal ya sea por acción o por omisión.

Veremos.

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