En septiembre de 2022, el mismo Instituto Nacional Electoral realizó una encuesta para conocer la postura de la población a cerca de la reforma electoral, en ella se refleja que el 51% está a favor, el 78% quiere elegir mediante una votación ciudadana a los consejeros y magistrados que conforman al INE, mientras el 52% quiere cambiar el actual nombre del Instituto Nacional Electoral por el Instituto Nacional Electoral y de Consultas.
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El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, busca que el Instituto Nacional Electoral sea un organismo independiente y de seguridad para garantizar que el instituto esté al servicio de los mexicanos sin que nadie intervenga en su libre votación.
Por ello, el Instituto Nacional Electoral busca ser transformado e incluso cambiará de nombre a Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC) para hacerlo funcionar como un organismo autónomo.
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El número de consejeros también será modificado y pasará de 11 a 7 integrantes y, aquellos que formen parte del INEC y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serán elegidos por medio de los tres poderes de la unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; además de contar con un voto popular de parte de la ciudadanía.
La participación de consulta popular disminuirá de un 40 a un 33% para evidenciar la democracia dentro del país, ya que el presidente afirma que es el mejor sistema político de gobierno.
Respecto a los partidos políticos, el presupuesto asignado para cada uno será solamente para las campañas electorales debido a que en un promedio menor de 20 años, el presupuesto creció exponencialmente un 409%. Con ello, la propaganda política de estos partidos se reducirá en promedio a 30 minutos por día en la radio y la televisión.
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Con el fin de respetar las elecciones limpias y libres de corrupción para evitar favorecer con estos presupuestos a algún candidato de cualquier partido político en la selección de votos.
Igualmente, se propone una votación electrónica para agilizar las elecciones y la selección de candidatos por entidad federativa, aunque esta última propuesta se prevé que entre en vigor hasta el año 2024.
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