Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara como constitucional la aplicación de la iniciativa 3 de 3 para que ninguna persona que haya sido condenada por violencia contra la mujer o que sea un deudor alimentario pueda ser aspirante a candidato o funcionario público, y que Yucatán sea el primer estado en aplicarla, se espera que Quintana Roo siga el mismo camino