Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara como constitucional la aplicación de la iniciativa 3 de 3 para que ninguna persona que haya sido condenada por violencia contra la mujer o que sea un deudor alimentario pueda ser aspirante a candidato o funcionario público, y que Yucatán sea el primer estado en aplicarla, se espera que Quintana Roo siga el mismo camino.

Para Erika Cornelio, presidenta del Instituto de Empoderamiento y Liderazgo Zazil Ha, es necesario que el Congreso del Estado retome esta iniciativa que fue promovida por la Red Feminista Quintanarroenses desde 2020, y que se mantiene congelada.

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“Nosotras hemos decidido impulsar esta agenda, se lo comentamos incluso a la secretaria de gobierno Cristina Torres, que era importante, fundamental, que la gobernadora se posicionará con respecto al tema, por que el propio Ejecutivo puede presentar al Congreso esta iniciativa “, mencionó la abogada.

Recalcó que con la llegada de la primera gobernadora mujer de Quintana Roo tome acciones en favor de ellas, ya que la iniciativa 3 de 3 impacta a la administración pública, para que quienes estén tomando las decisiones, quienes estén otorgando servicios y lideran los espacios gubernamentales no sean violentadores o no sean deudores alimentarios.

En ese sentido, se buscará el compromiso del gobierno del estado para que no existan este tipo de conductas al interior de la función pública, para lo cual se requiere establecer en la ley estos candados.

Recordó que la iniciativa promueve que ninguna persona que tenga una investigación abierta o antecedentes de violencia contra la mujer o adeudo de pensión alimentaria pueda acceder a un cargo público.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó justamente la parte que defendía la presunción de inocencia, pero una persona que está en proceso por una acusación no puede estar al frente de la toma de desicones”, mencionó, al explicar que la resolución de la SCJN coincidía en esta situación, ya que una investigación pude durar años, y que en ese tiempo pueda seguir actuando contra la víctima.

La propuesta tiene un alcance que abarca los tres poderes de gobierno y órganos autónomos, de hay su gran alcance.