El Congreso de Quintana Roo se consolidó como uno de los más caros del país. Durante la administración de Gustavo Miranda García tuvo un costo per-cápita de 261 pesos cuando el promedio nacional es de apenas 142 pesos, de acuerdo al reporte del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), aun así, el legislador buscará la reelección en 2022.
El Informe Legislativo 2021, dado a conocer apenas el septiembre, puntualiza que puntualizó que este oneroso gasto, en este año alcanzó los 488 millones 622 mil pesos, no justifica el pobre desempeño de la Legislatura, que en lo que va de este año solo ha aprobado 23 iniciativas de reforma de ley.
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“Quiere decir que hasta el momento cada reforma ha costado a los quintanarroenses 21.2 millones de pesos, porque no estamos considerando exhortos o puntos de acuerdo que no tienen relevancia legislativa.
Aún con la situación de la pandemia, es injustificable esta baja productividad”, precisa el informe.
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Aún con ello, el diputado de la XVI Legislatura local, que representa al Distrito VIII, asegura que durante su gestión como presidente de la Junta ex presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), cataloga “como hecho histórico” no haber incrementado el presupuesto y transparentar la aplicación de los recursos.
Al aceptar que buscará la reelección como diputado para el periodo del 2022-2024, reconoce “Va a ser un poco menos este plazo, pero si quiero reelegirme y demostrar que si se puede hacer buen trabajo en un distrito y que independientemente que se ve que el distrito pues tiene mayor afluencia del PAN o de otros partidos, creo que hemos un proyecto muy ciudadano, más allá de temas de colores. Espero que me pueda volver a ganar la confianza de la gente”.
Sin embargo, de acuerdo a la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del H. Congreso de Quintana Roo (Sutahce), Mercedes Rodríguez Ocejo, el diputado verde-ecologista no ha podido explicar el destino de unos 12 millones de pesos que fueron etiquetados para bonos y prestaciones, pero cuyo concepto no recibieron los trabajadores sindicalizados.
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Cabe señalar que las erogaciones previstas para el Poder Legislativo durante 2021 ascienden a poco más de 690 millones 506 mil pesos, que incluyen 204 millones 883 mil que se dirigen a la Auditoría Superior del Estado.
Mercedes Rodríguez Ocejo precisó que, por el contrario, para este ejercicio fiscal a casi medio centenar de trabajadores les fueron descontadas sus compensaciones que ascienden de entre cuatro y nueve mil pesos.
Dicho concepto fue retirado sin ningún tipo de justificación desde noviembre de 2020, y alcanza una suma de 439 mil pesos de manera mensual, pero lo extraño es que sí se encuentra en el presupuesto de egresos del Poder Legislativo en ese año y el año corriente.
Al respecto, Miranda García descarta que exista alguna investigación por mal manejo de recursos.