Reporteros de Playa del Carmen protestaron este martes en contra de la reforma al Código Penal de Quintana Roo que abre la puerta a la criminalización del ejercicio periodístico.
“Nos oponemos a que suba la iniciativa de ley que se planea dictaminar en el Congreso, en donde la diputada plurinominal, Iris Mora, planea revivir, la cual ya había subido y se la habían rechazado”, se pronunciaron en la jornada de protesta frente al viejo Ayuntamiento de Solidaridad.
Un día antes, periodistas de Cancún, en el marco de la movilización nacional en contra de la violencia hacia el gremio, ya había rechazado la iniciativa y encomiaron a la diputada a retirarla para abrir el diálogo sobre el tema y evitar la criminalización del ejercicio periodístico.
Se trata de una iniciativa de decreto por el que se reforma el Artículo 194 de BIS Y 194 TER del capítulo denominado violación de la intimidad personal o familiar del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Este medio dio a conocer ayer que, actualmente, en el Código Penal ya existe el delito de la violación a la intimidad personal o familiar, desde el año 2008, y este señala que se sancionara con prisión de 6 meses a 4 años y de 100 a 300 días de multa.
“A quien, sin consentimiento de otro, o sin autorización judicial y con el fin de conocer asuntos relacionados con la intimidad personal o familiar de aquél, utilizando cualquier medio”, reza.
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Protesta por reforma Iris
La iniciativa propone añadir una fracción IV, para que establezca la tipificación a quien acceda a la información contenida en un aparato para el procesamiento de datos o cualquier dispositivo de almacenamiento de la información sin autorización de su propietario o poseedor legítimo.
Asimismo, en el artículo 194 TER, también del Código Penal Vigente, ya está establecida una sanción con prisión de uno a cinco años y de doscientos a trescientos días multa a quien revele, distribuya, transmita o lucre con la intimidad personal o familiar.
Sin embargo, añade en la tipificación la información profesional, lo cual podría chocar con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la difusión en medios de comunicación de información sobre personas públicas.
“Grosso modo, podríamos decir que podrían encarcelar a periodistas por difundir información que para ellos (funcionarios públicos) es confidencial (privada), para investigaciones que tienen que ver con propiedades”, dijeron los inconformes, quienes protestaron frente al viejo Ayuntamiento de Solidaridad.
Vale señalar que la SCJN determinó que los funcionarios son más propensos a difundir información privada, siempre y cuando sea de interés público.
En caso de que se dictaminara y pasara a Pleno, los manifestantes pidieron a los diputados que la rechacen.
“Si criticamos a algún funcionario, si ellos nos demandan, podríamos ir a prisión. Ya no solo seríamos atacados por la delincuencia”, añadieron.
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