ADRIAN TREJO

Fuera del foco nacional, las campañas por las seis gubernaturas en disputa reflejan ya el nivel de encono político y social que se vive en el país.

Y si bien las campañas políticas en México nunca han sido un duelo de caballeros, el rumbo que están tomando debería preocupar no solo por el resultado, sino por lo que los candidatos están haciendo para hacerse del poder.

Ayer se dio el primero de los tres debates entre los candidatos a gobernar Hidalgo; la pelea está entre la aliancista Carolina Viggiano y el morenista Julio Menchaca.

El encuentro fue precedido por una campaña en redes en la que se acusaba a Viggiano de pagar tan solo ¡53 pesos! bimestrales por el servicio de energía eléctrica, para una residencia de buen tamaño, ubicada en Pachuca.

El caso se hizo viral bajo la tendencia de #LadyDiablito y ocupó buena parte del día los primeros lugares.

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La “denunciaÔÇÖÔÇÖ fue plantada justo horas antes del primer debate.

Viggiano reaccionó con un video corto en el que acusa directamente a Menchaca de haber editado un recibo de la CFE que realmente corresponde a una propiedad de tres pisos del morenista.

Editado o no, el recibo sirvió de antesala para una discusión en la que hubo un exceso de adjetivos y pocos objetivos.

Hidalgo, al igual que el Estado de México, siguen siendo considerados bastiones priistas aunque la cercanía de ambos gobernadores con el inquilino de Palacio Nacional ha puesto en duda la continuidad tricolor.

La polarización que se respira en Hidalgo motivó que el Instituto Electoral local pidiera a los 4 candidatos -los otros dos son testimoniales- que no llevaran porra a fin de evitar un enfrentamiento.

Pero eso parece cosa de tiempo si, como se ve, la guerra sigue subiendo de tono.

Aguas.

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Corre la versión de que la secretaria de Educación Delfina Gómez dejará el cargo para dedicarse de lleno a construir su segunda candidatura por la gubernatura del Estado de México.

Gómez ha sido quizá la más polémica de las secretarias de Educación en los últimos 40 años.

Y los cuestionamientos no tienen que ver con el hecho de que sea profesora retirada, sino por el hecho comprobado y sancionado por las autoridades electorales, de haber descontado, sin su consentimiento, 10% de los salarios de más de 500 trabajadores municipales de Texcoco durante tres años.

Ese dinero fue entregado al entonces líder del partido en la entidad, Horacio Duarte, hoy encargado de las aduanas del país, para financiar su grupo político.

Del trabajo como secretaria de Educación, poco se puede decir: lo más grave durante su gestión ha sido haber permitido, sin chistar, que desaparecieran las escuelas de tiempo completo, programa que defendió con uñas y dientes su antecesor, Esteban Moctezuma Barragán.

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La decisión de la ministra Yasmín Esquivel de evitar que la Fiscalía General entregara a las autoridades electorales el expediente de la investigación del caso Pío López Obrador sentará un precedente.

La ministra amparó al hermano del Presidente porque, argumentó, conceder la entrega del expediente “podría vulnerar el derecho humano a la protección de datos personalesÔÇÖÔÇÖ.

Con ese antecedente, los abogados de otros acusados podrán argumentar a su favor la protección de ese derecho humano que, se ha visto, se aplica a discreción según se trate el caso.

Ni hablar.

 

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