Quintana Roo se suma a los estados que votaron a favor de la ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, junto con el Estado de México y Tamaulipas. La ley busca impedir que cualquier deudor alimentario pueda ocupar un cargo público. Al ser una reforma constitucional se requiere el aval de 17 de los 32 congresos estatales.
De manera unánime, se avaló la reforma y adición de los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. La propuesta fue aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, tras atenderse como de obvia y urgente resolución.
Quintana Roo se convierte así en una de las primeras entidades federativas en respaldar esta propuesta, que representa un gran logro en la erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus formas y la defensa de las infancias para un desarrollo pleno.
El objetivo de la “ley 3 de 3” es que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno, sea federal, estatal o municipal.
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Las diputadas y diputados de las diferentes bancadas y grupos legislativos expresaron su apoyo a la propuesta, destacando la importancia de tratarla como de obvia y urgente resolución, para que pueda ser decretada a la brevedad posible una vez que tenga el respaldo mayoritario de los Congresos de las 32 entidades federativas.
En el Diario Oficial de la Federación también se publicó el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, donde aparecerán y podrán ser consultados públicamente los nombres de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, quienes no podrán salir del país.
El decreto se publicó el 8 de mayo y establece que el registro de quienes no cumplen con la pensión alimentaria busca “dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
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