La seguridad en Quintana Roo y sus principales destinos turísticos será reforzada mediante la actualización de protocolos preventivos. Tras los recientes hechos violentos registrados en Teotihuacán, el Gobierno del Estado y la iniciativa privada coordinan acciones para blindar las zonas arqueológicas y garantizar la tranquilidad de los visitantes nacionales e internacionales que eligen el Caribe Mexicano.
Vigilancia estrecha en sitios arqueológicos
La gobernadora Mara Lezama Espinosa calificó lo ocurrido en el centro del país como un hecho aislado; no obstante, subrayó que obliga a una revisión profunda de los esquemas de prevención. A través de la Mesa de Seguridad, se han definido medidas específicas para incrementar la presencia de fuerzas del orden en espacios públicos de alta afluencia.
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“Es muy lamentable lo ocurrido y nos lleva a reforzar las estrategias para evitar que situaciones similares se repitan”, afirmó la mandataria. Estas acciones incluyen una coordinación permanente con la Guardia Nacional, Sedena y Marina, enfocándose en puntos críticos como aeropuertos, carreteras y el acceso a monumentos históricos.
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Tecnología y prevención ante eventos masivos
Ante la proximidad de eventos de talla mundial que incrementarán la movilidad en la entidad, se implementarán herramientas tecnológicas como:
- Arcos de seguridad y cámaras de videovigilancia de última generación.
- Capacitación especializada para atención de contingencias.
- Protocolos estrictos de acceso en recintos para conciertos y congresos.
Por su parte, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, enfatizó que los incidentes que involucran a turistas son mínimos en relación con el volumen de visitantes, reafirmando que el estado mantiene condiciones sólidas de paz para el periodo vacacional.
Sector empresarial exige garantías
Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Concanaco Servytur, hizo un llamado a no bajar la guardia. Señaló que el sector privado ya revisa sus protocolos internos, pero recordó que la seguridad pública es una obligación constitucional que debe garantizarse para mantener la competitividad del destino ante el mercado global.
