Las quejas por extorsión, cobro de diezmos y solicitudes de pagos indebidos se mantienen como una constante crítica dentro de la corrupción en gobiernos a nivel nacional.
María Fernanda Larrazábal De Anda, coordinadora nacional del programa “Bien en tu Empresa” de la asociación Hagámoslo Bien, reveló que existen casos documentados en el país donde funcionarios exigen hasta el 30 por ciento del valor total de los contratos públicos para beneficiar a proveedores o liberar pagos.
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Durante una ceremonia efectuada en Chetumal para la entrega de certificados a 15 compañías que concluyeron el programa Integridad Empresarial 2026, la representante admitió que el principal enemigo para combatir estas prácticas ilícitas es el miedo generalizado del sector privado a denunciar.
El temor a sufrir bloqueos comerciales o quedar fuera de futuras licitaciones paraliza las acciones legales, dijo.
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El silencio de las empresas por temor a perder licitaciones
La dinámica del cobro de moches obliga a decenas de medianas y pequeñas empresas a guardar silencio.
De acuerdo con el análisis de la organización, los empresarios prefieren absorber los costos de la corrupción o retirarse de los concursos públicos antes de iniciar un proceso penal que.
Según el estudio, esto se debe a la desconfianza en las instituciones fiscalizadoras, rara vez prospera o concluye en sanciones reales.
Por su parte, la coordinadora nacional de Hagámoslo Bien evitó señalar a instituciones locales o particularizar casos en la entidad, acotando que el fenómeno se combate mediante blindajes preventivos e internos en la estructura de las corporaciones.
Capacitan a proveedores en Chetumal con el programa Integridad Empresarial 2026
Frente a la debilidad de los canales de denuncia tradicionales, la asociación civil —con 13 años de trayectoria nacional desde su fundación en Monterrey, Nuevo León— promueve esquemas de gobernanza ética.
El programa capacita a directivos y empleados para establecer códigos de conducta inquebrantables, auditorías de riesgo y canales internos de denuncia anónima que protejan la identidad del trabajador.
Hasta la fecha, más de 120 organizaciones distribuidas en Quintana Roo, Nuevo León, Estado de México y la Ciudad de México han adoptado este modelo de formación de cumplimiento normativo (compliance).
La activista celebró que, de manera paulatina, diversos órdenes de gobierno comiencen a exigir que su padrón de proveedores cuente de forma obligatoria con estos manuales de integridad para transparentar el uso del erario.
