El Gobierno del Estado mantiene una estricta coordinación con el sector educativo para reforzar la seguridad en los planteles. Sin embargo, la aplicación del Operativo Mochila en Quintana Roo no se realizará de manera arbitraria ni obligatoria, sino únicamente bajo la solicitud expresa y el consentimiento formal de las madres, padres de familia o tutores.
Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno de la entidad, informó que las autoridades locales se encuentran revisando y afinando de forma minuciosa las medidas preventivas al interior de las escuelas. El plan integral incluye la optimización de los protocolos de respuesta inmediata ante cualquier escenario de riesgo detectado en las aulas.
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Afinan protocolos de seguridad sin violar derechos humanos
La encargada de la política interna de Quintana Roo aclaró que el marco normativo para la protección escolar ya se encuentra establecido. El objetivo actual de las mesas de trabajo es garantizar la sincronización total entre directivos, docentes y corporaciones de seguridad.
"En realidad el protocolo ya existe, lo que estamos haciendo es afinar que todos estemos al cien por ciento para la respuesta", señaló la funcionaria. Explicó además que los directores de los centros escolares de educación básica y media superior disponen de canales de comunicación directa y enlazada para reportar cualquier emergencia de forma instantánea.
El papel de los padres en la revisión de mochilas
Al abordar la polémica en torno al Operativo Mochila, Torres Gómez fue enfática en señalar que las inspecciones directas a las pertenencias de las y los alumnos deben respetar rigurosamente la privacidad y los derechos humanos de las infancias y adolescencias en Quintana Roo.
"No puede hacerse como tal (de forma generalizada) porque no podemos violar derechos. Tratándose de menores de edad, interviene el consentimiento de los padres", subrayó la secretaria.
Por esta razón, el procedimiento solo se activará cuando exista una petición oficial emanada de las comisiones de seguridad de las asociaciones de padres de familia de cada escuela. Durante los filtros, personal gubernamental y de derechos humanos participará exclusivamente bajo la figura de observadores, garantizando que el proceso sea transparente, digno y apegado a la legalidad.
Finalmente, la Secretaría de Gobierno adelantó que intensificarán los talleres de sensibilización, cultura de la paz y comunicación asertiva con toda la comunidad escolar para tejer redes comunitarias preventivas que preserven los entornos escolares como espacios seguros.
