Las empresas vinculadas al sector inmobiliario de Quintana Roo enfrentan mayores exigencias de cumplimiento ante las recientes modificaciones al régimen de prevención de lavado de dinero, particularmente en operaciones de compraventa, desarrollo y servicios relacionados con bienes inmuebles.
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Sector inmobiliario: alertan por carencias en ley antilavado
Fausto Bañuelos Sánchez, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos, señaló que el principal reto para las empresas será incorporar el cumplimiento normativo desde el inicio de sus operaciones y no esperar a una revisión de la autoridad para regularizar documentación, permisos y procedimientos.
El especialista aclaró que un desarrollo inmobiliario inconcluso no implica por sí mismo una operación ilícita, ya que existen factores financieros, administrativos o externos que pueden impedir la conclusión de un proyecto. Sin embargo, advirtió que las empresas deben contar con documentación suficiente para acreditar el origen y destino de los recursos involucrados.
Las operaciones en preventa requieren especial cuidado, debido a que un proyecto puede contar con permisos y posteriormente enfrentar problemas financieros que impidan su conclusión.
Por ello, Bañuelos Sánchez recomendó a compradores e inversionistas verificar al desarrollador, solicitar asesoría profesional y revisar la documentación del proyecto antes de comprometer recursos.
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El sector inmobiliario, ante mayores exigencias
El llamado también alcanza a los asesores inmobiliarios, quienes tienen obligaciones propias dentro del régimen antilavado y no pueden trasladar toda la responsabilidad al notario.
“El cliente desconoce que la misma obligación que tiene el asesor inmobiliario es idéntica a la que tiene el notario”, explicó el especialista, al señalar que desarrolladores, asesores, notarios y otros participantes pueden estar obligados a integrar y conservar información de las operaciones.
Bañuelos Sánchez explicó que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lfpiorpi) fue reformada en 2025 y posteriormente se actualizaron su reglamento y las reglas de carácter general.
Las nuevas disposiciones ampliaron el volumen de obligaciones para quienes realizan actividades consideradas vulnerables, entre ellas diversos servicios relacionados con el sector inmobiliario.
Las reglas de carácter general pasaron por una modificación amplia, con cambios en 40 artículos y la incorporación de 72 nuevos, lo que representa un incremento sustancial en el volumen de disposiciones que deben conocer quienes están sujetos al régimen.
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Incumplimiento puede representar sanciones millonarias
El problema, señaló, no necesariamente es la imposibilidad de cumplir, sino la falta de herramientas y conocimiento especializado dentro de algunas empresas para implementar correctamente los controles.
El incumplimiento representa además un riesgo financiero. Las sanciones previstas en materia antilavado pueden alcanzar montos millonarios, por lo que las empresas deberán incorporar controles preventivos como parte de su operación cotidiana.
Para Quintana Roo, el tema adquiere particular relevancia por el peso de la construcción, el turismo y el mercado inmobiliario en la economía estatal.
