La crisis de la construcción en Quintana Roo alcanzó un nivel crítico tras reportarse que el 70% de las obras proyectadas por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) permanecen detenidas o en standby debido a la falta de liquidez de los inversionistas.
Víctor Guzmán Hernández, coordinador sindical del ramo en la entidad, advirtió que el encarecimiento de materiales, la falta de financiamiento bancario y el alza en los costos operativos han frenado el desarrollo inmobiliario local.
DATOS Radiografía del Freno en la Construcción (QRoo 2026)
Factores de Impacto y Afectación por Zona:
Tulum y Cancún, los municipios más golpeados
El municipio de Tulum concentra el impacto más severo del estado, con un 90% de sus desarrollos paralizados y apenas un 10% de actividad operativa.
Por su parte, Cancún se posiciona como el segundo destino más afectado con al menos 10 grandes megaproyectos suspendidos. A nivel estatal, únicamente entre 50 y 70 obras mantienen una actividad mínima o de mantenimiento.

Éxodo masivo de 80 mil trabajadores
La falta de oportunidades laborales provocó un drástico desplome en la fuerza de trabajo. De los 150 mil obreros agrupados a inicios de año desde Isla Mujeres hasta Tulum, cerca de 80 mil han abandonado la entidad para regresar a sus estados de origen.
Guzmán Hernández explicó que las obras del Tren Maya reconfiguraron las aspiraciones salariales del sector, incrementando los costos para los constructores privados:
- Sueldo previo: De 4,000 a 5,000 pesos semanales por albañil.
- Sueldo actual exigido: De 8,000 a 10,000 pesos semanales.
- Impacto patronal: Incremento directo en impuestos, cuotas de seguridad social y cargas operativas.
Llamado a priorizar la economía local
La CROC estima que la parálisis afecta indirectamente a más de 250 mil personas integradas en cadenas de valor como proveedores, transportistas y concesionarios.
Ante este panorama, el gremio solicitó a los tres órdenes de gobierno reducir la burocracia en permisos y priorizar a las empresas, sindicatos y transportistas locales frente a la incursión de organizaciones externas como CATEM y las obras ejecutadas por la Sedena.


