Antes del 15 de octubre, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM), esperan que se haya aprobado la reforma electoral.
Sin embargo, no hay certeza aún si será una modificación integral o parcial a la Constitución, o si se realizará únicamente a leyes secundarias.
Cualquier cambio a la Carta Magna en esta materia enfrentará el seguro rechazo del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y está por confirmarse si también del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que hasta este fin de semana, conformaban todavía la alianza Va por México.
La iniciativa de reforma electoral que envió la Presidencia de la República no es la única que está sobre la mesa, pues hay sobre la mesa otras 41 de parte de los partidos políticos.
Por esta razón, dijo el coordinador de los legisladores de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, en estos días se “construye y confecciona” un dictamen que alcance la mayoría calificada para lograr modificar la Constitución.
Pero advirtió que, de no ser así, confió en que se logren algunos aspectos que sean de beneficio para el régimen democrático de partidos y para la democracia mexicana.
La postura irreductible del bloque oficialista es que se reduzcan los costos de la democracia en México y que se ciudadanicen los procesos electorales “con certeza, legalidad, transparencia y austeridad”.
Los irreductibles para Morena en la Cámara de Diputados, ha dicho Mier, son la reducción del costo de la democracia, el número de integrantes del Consejo Nacional Electoral, la disminución del financiamiento a los partidos políticos, y una revisión puntual de los ámbitos de competencia reales que debe de tener el Tribunal Federal Electoral.
Sin embargo, la oposición se ha mantenido firme en que no permitirán ningún cambio a la Constitución que implique el debilitamiento y pérdida de autonomía tanto del Instituto Nacional Electoral (INE), como del Tribunal Electoral de la Federación.