Tras varios años de discusión intermitente y luego de la sesión celebrada ayer por magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Vigesimoséptimo Circuito, con sede en Cancún, el Poder Judicial de la Federación resolvió que Uber podrá operar en Quintana Roo sin la necesidad de tramitar concesiones.

Y es que, según lo establecido originalmente en la Ley de Movilidad de la entidad, la plataforma digital debería aplicar con base en los lineamientos de transporte público, ordenamiento que ayer desecharon las autoridades.

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Ante el dictamen, choferes afiliados al Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” se manifestaron a las afueras de la sede judicial, ubicada en la avenida Andrés Quintana Roo, por lo que autoridades implementaron un operativo de seguridad y cerraron la circulación del carril lateral, desde la avenida Kinik hasta Kohunlich. Participaron elementos de la Dirección de Tránsito, Protección Civil y Bomberos.

Las protestas ocurrieron, de manera simultánea, en los demás municipios, donde miembros de los sindicatos y otras concesionarias vararon sus unidades en las principales vialidades, a fin de ejercer presión a los magistrados y lograr el fallo a su favor.
A pesar de las movilizaciones, de manera general no se reportaron altercados. De hecho, el ayuntamiento de Benito Juárez aseguró que en la demarcación hubo saldo blanco y se respetó la libertad de expresión sin afectar a terceras personas ni al libre tránsito.

GUERRA SIN FIN
Jonathan Pineda, representante legal del Frente Único de Taxistas en Quintana Roo, aseguró que continuará la pugna por la vía legal, pues la decisión de los magistrados, de modificar la Ley de Movilidad, afecta la operación del gremio, que aglutina, entre los 19 sindicatos del estado, a alrededor de 30 mil chafiretes.

 

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“Nosotros no estamos en contra de las plataformas digitales. Lo que estamos en contra es que vengan, mancillen y violen la Ley de Movilidad, que ya tiene enmarcada la prestación de servicios a través de plataformas, que dice que se puede, siempre y cuando tramiten una concesión” argumentó Eleazar Sagrario Ordoñez, secretario general del Frente Único de Taxistas en Quintana Roo, en conferencia de prensa previo al inicio de la audiencia.

“Las concesiones no las dan los taxistas, las da el Gobierno del estado, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo). En ese sentido, nosotros exigimos el respeto a la ley”, agregó.

“No puede ser posible que a nosotros sí nos rige, nos regula, nos exige un Instituto de Movilidad, un Gobierno y vengan otros a depredar y a incumplir la ley”, recalcó.
Otro de los inconformes con el fallo federal es Javier González, presidente de la Organización de Transportistas Turísticos y Aeroportuarios, quien aseguró que, de permitir la operación de Uber, también afectaría a este sector, conformado por 15 mil vehículos.

ANTECEDENTE
Durante la sesión, magistrados discutieron el procedimiento con folio 1428/2018, mediante el cual se buscaba el amparo en contra del decreto 252, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, publicada el 10 de julio de 2018.

La reforma a esta ley estableció que el servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales tiene el carácter de servicio público, por lo que se requerirá contar con la concesión del Imoveqroo.

Como el amparo se sobreseyó, Uber interpuso un recurso de revisión, ante lo cual se generó una revisión, que dio como origen el expediente 334/2019.
El expediente fue turnado al juez Jorge Mercado, quien propuso levantar el sobreseimiento, tratar de fondo el asunto, declarar fundados los argumentos de violación y amparar a Uber para que se le permita operar fuera del esquema de la suspensión y no se le aplique la legislación.
El asunto se alargó en tanto que el Tercer Tribunal buscó, desde septiembre de 2020, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el caso, pero fue rechazado por incumplir requisitos formales y materiales.